Álvarez presentó un punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados que busca que el Gobierno de México ratifique el tratado de la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego (CIFTA). Este acuerdo, firmado por 34 naciones, incluyendo Estados Unidos, promueve el trabajo conjunto para frenar el tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos en América Latina.
El legislador destacó que más de 230 mil armas ingresan anualmente a México desde Estados Unidos, lo que alimenta la violencia y fortalece al crimen organizado. Para combatir esta situación, subrayó la importancia de reforzar los puntos de control fronterizo y profundizar la cooperación internacional para rastrear y decomisar armamento ilícito.
“Nos enfrentamos a un desafío internacional que exige respuestas coordinadas. La cooperación entre países es fundamental para abordar de raíz el tráfico ilegal de armas, que pone en riesgo la seguridad y el estado de derecho”, afirmó Álvarez.
También resaltó el compromiso del Gobierno mexicano a través del programa “Sí al desarme, sí a la paz”, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha sido clave en la reducción del armamento en circulación y en el impulso de una cultura de paz.
Por otra parte, Álvarez respaldó la Reforma a la Ley de Amparo, un proyecto que busca eliminar prácticas judiciales que han favorecido a élites económicas y políticas en detrimento del pueblo. La reforma establece que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean de observancia obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales del país, evitando así interpretaciones discrecionales que generaban incertidumbre y permitían litigios prolongados.
Uno de los principales cambios propuestos es reducir el número de votos necesarios para que la SCJN emita una declaratoria general de inconstitucionalidad, pasando de ocho a seis. Esto impedirá que una minoría de ministros bloquee decisiones fundamentales para la nación.
La reforma también prevé la reestructuración del Poder Judicial mediante la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, cuyas funciones serán asumidas por el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. Esta reconfiguración tiene como objetivo fortalecer la transparencia y mejorar la rendición de cuentas en el manejo de los recursos y en el desarrollo de la carrera judicial.
Otro elemento destacado es la actualización del lenguaje en la Ley de Amparo, sustituyendo el término “grupos vulnerables” por “grupos en situación de vulnerabilidad”, lo que implica un reconocimiento de la desigualdad como resultado de estructuras sociales injustas.
“Esta reforma representa un avance significativo hacia un México más justo e igualitario. Buscamos que el Poder Judicial se convierta en un pilar que garantice la justicia para todas y todos, dejando de ser un obstáculo para el cambio”, enfatizó Álvarez.
El diputado hizo un llamado a todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados para respaldar ambas iniciativas, subrayando que la construcción de un país más seguro y con un sistema judicial sólido requiere del compromiso colectivo de todos los actores políticos.
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